GINEBRA - Una experta de la ONU expresó hoy su consternación ante la cantidad de procedimientos disciplinarios infundados iniciados contra el juez Richard Concepción Carhuancho, de Perú, que podrían llevar a su destitución.
"Lamentablemente, no es la primera vez que vemos cómo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inicia procedimientos disciplinarios contra un juez o un fiscal por acciones que forman parte de las funciones normales de su trabajo", dijo Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. "La forma correcta de abordar los desacuerdos con un veredicto es a través de las vías legales que existen en Perú: recursos de apelación, casación, aclaración o corrección".
En el caso del juez Concepción Carhuancho, el asunto que investiga la JNJ ya había sido revisado y cerrado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que no encontró fundamentos para atribuirle responsabilidad disciplinaria.
Satterthwaite recordó casos anteriores que han terminado en la destitución de jueces y fiscales quienes cumplían con sus responsabilidades, mediante procedimientos similares. Mencionó la destitución de un juez peruano por sus declaraciones en una audiencia de la CIDH y de varios fiscales por actos que no constituían motivos graves de mala conducta o incompetencia según lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos.
"Destituir a un juez por desempeñar sus funciones judiciales constituiría un punto de inflexión en el uso indebido de los procedimientos disciplinarios en el país y socavaría gravemente la independencia judicial en Perú", afirmó la experta.
Satterthwaite expresó su preocupación por el hecho de que estos procedimientos no cumplieran con las normas del debido proceso. A los jueces y fiscales que enfrentan una destitución o degradación se les debe garantizar el derecho a una audiencia imparcial y la oportunidad de solicitar la revisión judicial de la decisión ante un tribunal independiente, señaló.
También destacó su preocupación por los motivos para iniciar los procedimientos, así como por el tipo de sanciones impuestas por la JNJ, las cuales, en una serie de casos, no cumplieron con el principio de proporcionalidad.
"Las normas internacionales establecen claramente que los jueces sólo pueden ser suspendidos o destituidos de su cargo por motivos graves de mala conducta o incompetencia y de acuerdo con procedimientos justos que garanticen la objetividad y la imparcialidad".
"Reitero mi llamado a Perú para que salvaguarde plenamente la independencia judicial y garantice que no se inicien más procedimientos de esta naturaleza", dijo la experta. Instó a la JNJ a cumplir con las normas de derechos humanos que salvaguardan la independencia judicial.
"Los jueces no deben ser objeto de enjuiciamiento ni de sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por cualquier acción tomada de conformidad con los deberes, normas y principios éticos profesionales reconocidos", afirmó.
La Relatora Especial se ha mantenido en contacto con Perú respecto a este tema.
